Por Arturo Galán.
Facultad de Educación. UNED
Editor de Aula Magna 2.0.
Editor Jefe de Bordón. Revista de Pedagogía.
Parece mentira pero llegó. Veintinueve años después de que, en 1989, se publicara la primera convocatoria de evaluación de tramos de investigación. Trece años después de que, en 2005, se mencionara por primera vez el campo de Ciencias de la Educación. Un año después de que se publicara un comité evaluador propio para Ciencias de la Educación. Sí, llegó un apartado específico para Educación en el BOE, el subcampo 7.2, tan perseguido históricamente por nuestra comunidad científica.
La solicitud de un campo específico no se había pedido por capricho, sino fundamentándonos en datos. No sólo se trataba del tamaño y la amplia variedad de especialidades dentro de nuestro campo, sino también de los penosos resultados de nuestro profesorado en comparación con los de otras áreas (Galán y Zych, 2011), donde el porcentaje de profesores sin sexenio ascendía al 62%, más del doble que la media del resto de áreas (29%). En otro orden de cosas, el amplio campo 7 implicaba una diversidad tan grande de perfiles en el comité evaluador que a veces no se seleccionaban especialistas con conocimientos adecuados en las grandes áreas de Pedagogía. Además, la incidencia creciente del área de Psicología dentro de la comisión, con su particular empeño de integrarse en el campo sanitario (sin abandonar las Ciencias Sociales) y autoimponerse unos criterios de valoración como aquellos, pretendían trasladar sin más reflexión ni conocimiento sus criterios al resto del comité 7. En definitiva, como ya hemos analizado en este espacio, el fracaso en la concesión de sexenios condujo al desánimo y el escepticismo, no tanto por el fracaso en sí, sino por la falta de claridad y objetividad del proceso, por la carencia de una motivación a la altura intelectual de profesores universitarios en los casos de denegación y en las respuestas a los recursos de alzada, por los agravios comparativos, por la descontextualización de la evaluación y un largo etcétera.
¿Y ahora qué?
Cuando se publicó en el BOE el pasado 6 de marzo de 2018 el comité específico de Ciencias de la Educación, ya escribimos un post sobre el reto del nuevo campo “ciencias de la educación” en la CNEAI. Todavía no sabíamos si, además de un comité específico, íbamos a tener un campo propio con unas orientaciones de evaluación específicas. Pues bien, desde el BOE de 26 de noviembre, sabemos que sí. Tener nuestro apartado propio en el BOE es un gran avance, llevamos años pidiendo que se reconozca nuestra especificidad y por fin lo hemos conseguido. Siendo esto cierto, ahora no podemos echar la culpa a otros campos de lo que salga publicado en el nuevo 7.2 ni de los resultados de las evaluaciones, salvo que haya directrices o restricciones desde la dirección de la CNEAI/ANECA.
En este sentido, me ha decepcionado bastante la redacción del 7.2 porque prácticamente no cambia nada respecto de la edición anterior (salvo la especificación de que las posiciones relevantes de las revistas de Scopus son los cuartiles 1 y 2 y que penalizará el número de autores, sin especificar cómo) ni afronta los grandes problemas de falta de definición, concreción y forma de aplicación de las orientaciones para obtener una evaluación positiva. ¿Han intervenido los miembros del comité 7.2 en la redacción de los nuevos criterios de evaluación? ¿Ha habido tiempo para ello? ¿Es la CNEAI, sin contar con el comité, quien decide los criterios que se publican en el BOE? ¿Han pensado que lo mejor es dejar las cosas como están? ¿Se están dando un margen mayor de tiempo para proponer cambios en profundidad?
¿Por qué no se comunican estos planteamientos a la comunidad académica, ejecutando un mínimo esfuerzo de transparencia? ¿Por qué la ANECA no divulga y anticipa que estos cambios van a ocurrir?
Por tanto, las grandes cuestiones siguen en el aire: no hemos visto debate público con las asociaciones científicas de educación sobre la adecuación de los criterios, no se cuestiona la pertinencia en Educación de seguir valorando JCR sobre SJR (más allá de la misma pertinencia de este sistema como se indica en la declaración DORA de San Francisco), la FECYT y su sello de calidad sigue olvidado (solo aparece una somera referencia en el Apéndice), no sabemos cómo se puntúan los artículos en función de las revistas, no tenemos ni idea de cómo puntúan los artículos en los cuartiles 3 y 4 de Scopus y menos aun los que no están en ambas bases de datos, no digamos ya los libros en los listados SPI; se alimenta otra vez la mala práctica de cambios en los criterios en evaluaciones con carácter retroactivo, no hay una política clara a futuro que oriente la producción científica. Por tanto, dadas las características del sistema de evaluación CNEAI, que debería permitir un alto grado de certeza en la autoevaluación de los solicitantes, mantiene sin embargo la falta de transparencia al no hacer referencia a las puntuaciones que se otorgan en función de las bases de datos y los cuartiles; no hay indicación ninguna sobre cómo puntuarán las revistas Q3 y Q4 de Scopus ni las que puedan estar en otras bases como ESCI, reconocida en otros campos de la CNEAI (campos 10 y 11).
En fin, ahora ya es nuestro comité el que pilota 100% nuestras evaluaciones, con nuestros expertos, con nuestros conocimientos en evaluación educativa. No tenemos datos oficiales de las evaluaciones del curso pasado, más allá de los comentarios de compañeros, y parece que la evaluación con un comité propio ha sido más adecuada en la pasada edición. La cuestión es si nuestros compañeros del comité son consultados antes de la publicación de los criterios o si pueden presionar para tener el necesario protagonismo que requiere un proceso tan esencial hoy día como la evaluación de tramos de investigación.
Necesitamos estudios rigurosos en España que nos hablen de los resultados de los procesos de evaluación del profesorado introducidos desde la LOU: ¿Cuántos profesores pasan, cuántos profesores deben abandonar porque no consiguen sus acreditaciones, qué pasa con los profesores que son “expulsados” de la pública (¿nutren a las privadas, se van a la empresa, vuelven a concursar para entrar más tarde en la Universidad?), cuántos profesores permanentes se han “retirado” de estas evaluaciones voluntarias porque no les compensa el esfuerzo ni económica ni personalmente, cuánto ha aumentado y en qué proporción el número de artículos por profesor, cuánto troceamos nuestros trabajos de investigación para obtener más rédito, han mejorado los cuartiles de nuestros profesores conforme se ha elevado el listón de exigencia en la CNEAI y en las ACREDITACIONES, cómo ha afectado todo esto a las distintas cohortes de edad…? Son muchas preguntas abiertas cuya respuesta ayudaría a clarificar las políticas más adecuadas para incentivar la producción científica española en educación superior.
Referencias bibliográficas:
Galán, A. (2018). El reto del nuevo campo “Ciencias de la Educación” en la CNEAI. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/3573
Galán, A. and Zych, I. (2011). Análisis de los criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para la concesión de los tramos de investigación en Educación. Bordón. Revista de pedagogía, 63(2), 117-139.
Cómo citar esta entrada:
Galán, A. (2018). CNEAI: al fin un subcampo propio para Educación. Aula Magna 2.0.[Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/5646
